Chile: Sector de transmisión chileno de cara a la transición energética.

Claridad en las necesidades de infraestructura en el largo plazo y reducción de la incertidumbre en materia de permisos para garantizar que los proyectos puedan construirse sin retrasos significativos.

Es lo que pide el sector chileno de transmisión en el contexto de la transición energética, que demandará cuantiosas inversiones en transmisión y distribución para respaldar una sostenida descarbonización del parque generador y una mayor electrificación de la economía.

Chile aspira a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.

Las discusiones y el trabajo en el ámbito de estudios, ordenamiento territorial y remuneración se deben iniciar ahora, sostuvo Tapia.

En comparación con las plantas solares fotovoltaicas, las líneas de transmisión suelen tardar mucho más en planificarse, desarrollarse y autorizarse, y pueden enfrentar obstáculos en la fase de construcción, dadas las grandes extensiones de territorio que pueden atravesar.

Chile necesita sumar el equivalente a un 40% de la infraestructura actual y unos 900MW de capacidad de almacenamiento energético, según estimaciones basadas en la situación de 2022, aunque los requerimientos podrían aumentar en los próximos años.

Durante un evento de Transmisoras de Chile celebrado en la capital, Santiago, Tapia indicó que serían necesarios grandes proyectos de la magnitud de la línea HVDC de 1.400km Kimal-Lo Aguirre, que entrará en servicio hacia 2030.

La línea Kimal-Lo Aguirre ayudará a transportar la energía limpia generada en el norte del país a la zona central, donde se concentra el grueso de la demanda. La congestión también se está convirtiendo en un problema en la zona centro-sur, donde hay planificados numerosos proyectos de energía eólica.

«En transmisión probablemente necesitemos al menos una o dos líneas iguales a Kimal-Lo Aguirre, de cara a la próxima década», añadió Tapia, una para reforzar el norte y otra para el sur. «Hay que al menos empezar a discutir infraestructura de ese tamaño».

La panelista Francesca Milani, presidenta de la Asociación de Consumidores de Energías No Regulados (Acenor), indicó que los proyectos deben ofrecer la mayor rentabilidad posible para minimizar el impacto en las cuentas de electricidad de los clientes, dado que los usuarios finales en Chile son los que pagan por las obras de distribución y transmisión. Entre los miembros de Acenor se encuentran empresas mineras e industriales.

Milani planteó que serán los costos los que determinen la competitividad del país y recalcó la importancia de entregar una señal a las generadoras para que construyan las plantas cerca de donde se necesita la energía para reducir así el desembolso en redes.

También se refirió a los permisos, tema que afecta no solo al sector energético, sino a otros como infraestructura. Los promotores de proyectos en Chile suelen decir que el sistema es complejo y difícil de manejar y que provoca retrasos.

Arturo LeBlanc, presidente del directorio de Transmisoras de Chile, señaló que los retrasos en los permisos están obstaculizando el desarrollo del país. Mencionó también la importancia de establecer plazos y mantener los estándares de los permisos.

El gobierno está abordando el problema y preparando un proyecto de ley para reformar los permisos sectoriales y ambientales, mientras que los funcionarios encargados están haciendo ajustes al sistema de evaluación aprovechando el espacio regulatorio.

Las reformas están contempladas en el pacto fiscal anunciado por el gobierno, que contiene una serie de medidas proinversión.

Alex Santander, jefe de la división de políticas y estudios del Ministerio de Energía, señaló en el evento que el objetivo central es hacer que los permisos sean «mucho más eficientes».

El proyecto de ley de transición energética del gobierno, presentado recientemente al Congreso, aborda la transmisión, entre otras áreas. El texto refuerza la solidez de la planificación de la red chilena al programar para dos veces al año la planificación de las expansiones de transmisión en lugar de una, y abre una vía para que la infraestructura urgente se salte algunos requisitos. También obliga a los gobiernos regionales a elaborar planes de largo plazo para las redes locales.

La legislación propuesta también pone a los propietarios de activos de transmisión a cargo de subastar proyectos de expansión de infraestructura, tarea que actualmente realiza el coordinador de la red nacional, CEN, que tendría ahora una función de supervisión.

Las medidas debieran contribuir a aliviar las actuales restricciones de transmisión en Chile en el mediano y largo plazo.