Expertos chilenos del sector eléctrico advierten que el proyecto de ley del gobierno para crear un nuevo mecanismo de estabilización de precios no aborda los problemas estructurales.
Los legisladores presentaron la propuesta para contener el alza de alrededor de 42% esperada para el próximo semestre en los precios de la electricidad luego de que el mecanismo actual, aprobado en medio de las protestas sociales de fines de 2019, alcanzara su umbral de deuda de US$1.350 millones este año, antes de lo previsto originalmente.
Según las nuevas propuestas —que introducen dos cargos cobrados a los usuarios finales—, se podría usar nueva deuda para pagar las obligaciones pendientes.
“Esto es un problema estructural”, señaló Ramón Galaz, presidente ejecutivo de la consultora Valgesta, durante una conferencia organizada por el medio local Diario Financiero. “Los gobiernos van y vienen, y todavía tenemos un problema de familias que no pueden pagar las cuentas”.
En la conferencia indicó que llegó el momento de abordar esta situación. La inflación ha subido rápidamente en Chile y ha puesto presión a los hogares, muchos de los cuales ya atraviesan dificultades.
“El problema que tenemos es estructural. No vamos a solucionar el problema con el proyecto de ley que está en discusión hoy día”, precisó Galaz. “Las familias que no pueden pagar hoy día, no van a poder pagar mañana tampoco”.
Según datos del censo de 2020, el decil más pobre de la población chilena ni siquiera puede pagar la electricidad, mientras que el segundo y el tercero de menores ingresos gastan el 10,8% y el 6,78% de sus ingresos en este servicio, respectivamente. De acuerdo con las recomendaciones de la OCDE, el gasto total de los hogares en energía, teniendo en cuenta gas y electricidad, no debe exceder de 10% de sus ingresos.
Galaz manifestó: “Se necesita una solución de política pública y, en mi opinión, una solución de política pública se tiene que financiar con fondos públicos y no con fondos privados”.
Para el 10% más rico de los chilenos, la cuenta de electricidad representa alrededor del 0,62% de sus ingresos.
En este contexto, los costos marginales en Chile debieran continuar bajo ciertas presiones alcistas en medio de las consecuencias de una producción hidroeléctrica debilitada por la devastadora sequía, así como de iniciativas de descarbonización y restricciones de transmisión.
Juan Eduardo Vásquez, gerente de la división de energía de la generadora eléctrica local Colbún, planteó que Chile podría ayudar a construir autonomía expandiendo la capacidad instalada en el norte, que goza de mayor radiación solar. Otra de las claves sería una regulación más simple y focalizada, añadió.
Vásquez destacó el potencial del segmento de almacenamiento energético. “Si nosotros desarrollamos la regulación asociada al almacenamiento [de manera] bien focalizada, podemos amplificar el uso de la energía fotovoltaica y también, por qué no decirlo, de la eólica. Y no solo en el norte, sino también en la zona centro y en la zona sur”.
Chile tiene una legislación de almacenamiento asociada, pero es «está muy verde» y «tiene que madurar y tiene que incentivar más la inversión», precisó Vásquez.
Representantes de las generadoras chilenas de energías renovables llamaron a las autoridades energéticas a incluir en su agenda una reforma al segmento de distribución con el fin de impulsar la generación distribuida y la descentralización.
El país necesita casi 4GW de capacidad de almacenamiento si quiere retirar por completo e parque generador a carbón para 2030. Hoy tiene apenas 65MW.
TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Francesca Milani, presidenta de la asociación local de clientes eléctricos no regulados Acenor, señaló que los consumidores eléctricos sujetos a los cargos propuestos en la iniciativa de ley podrían traspasarlos. También mencionó la importancia de apoyar la transición energética, en particular el hidrógeno verde y la electromovilidad, a fin de mantener competitivos los precios de la electricidad.
Para destacar las iniciativas de electrificación, Milani también mencionó el potencial impacto negativo de las medidas para desincentivar el consumo eléctrico.
“Es importante que podamos tener las discusiones necesarias”, concluyó Milani.
BN