⚠️ Crisis energética en Chile: lo que el error tarifario nos está obligando a ver (y nadie debería ignorar)

Este artículo no es sobre cifras.
Ni siquiera es únicamente sobre energía.
Es sobre confianza, equidad y gobernanza en uno de los sectores más sensibles del país.

En las últimas semanas, el acceso justo y asequible a la electricidad en Chile ha pasado de ser un problema técnico a un conflicto social, institucional y político.
Y todo por un error tarifario que destapó fallas mucho más profundas.


📌 El error que desencadenó la tormenta

Un fallo metodológico en el cálculo de las tarifas eléctricas —específicamente la duplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE)— llevó a millones de chilenas y chilenos a pagar más de lo que correspondía por su consumo eléctrico.

El impacto no fue menor:

🔴 Renuncia del Ministro de Energía y del secretario ejecutivo de la CNE
🔴 Un sistema regulatorio cuestionado en su esencia
🔴 Hogares vulnerables pagando cuentas que nunca debieron ser tan altas

¿Y lo más preocupante? Esto ocurrió en medio de un contexto donde la ciudadanía ya venía enfrentando cuatro alzas consecutivas en las tarifas, algunas de hasta un 60%, especialmente en regiones como Coquimbo o Antofagasta.


⚡ La energía es mucho más que electricidad

No hablamos de un “producto más”.
La energía hoy es un derecho habilitante: de desarrollo humano, de dignidad, de inclusión social.

Y, sin embargo, en un país que lidera en energías renovables, seguimos fallando en lo más básico:

❌ Tarifas accesibles
❌ Servicios continuos y de calidad
❌ Equidad territorial en el suministro

La pobreza energética —cuando una familia no puede cubrir sus necesidades básicas sin comprometer su bienestar económico— dejó de ser un concepto académico.
Hoy tiene nombre, dirección y rostro en miles de hogares.


🔍 ¿Qué reveló realmente el error tarifario?

Más allá del tecnicismo, el episodio dejó al descubierto:

  1. Fallas de gobernanza: El sistema carece de controles cruzados robustos. El hecho de que una variable como el IPC se duplicara y nadie lo advirtiera a tiempo es sintomático.

  2. Pérdida de confianza institucional: Si la ciudadanía no puede confiar en el cálculo de sus cuentas, ¿qué tan firme es el piso de la política energética?

  3. Debilidad de la respuesta estatal: Aunque se han implementado subsidios eléctricos, estos solo cubrieron a unas 200.000 familias en 2025… frente a millones afectadas por las alzas.


🧭 ¿Qué debemos hacer distinto a partir de ahora?

Como abogado especializado en energía y Gerente General de FELVAL, he trabajado durante años en la interfaz entre regulación, infraestructura y ciudadanía.
Desde esa experiencia, propongo cuatro pilares urgentes para una nueva política energética:


1. Transparencia y control social

La ciudadanía debe tener voz activa en la supervisión del sistema tarifario, con auditorías públicas, mecanismos de revisión y participación comunitaria que vayan más allá de lo simbólico.


2. Autonomía e innovación institucional

Los organismos técnicos como la CNE y la SEC requieren independencia real y mayores estándares profesionales. La política energética no puede depender del error humano ni del ciclo político de turno.


3. Equidad territorial

Es inaceptable que zonas rurales, aisladas o extremas sigan enfrentando brechas en calidad y continuidad del servicio.
👉 Modernización, descentralización y justicia tarifaria deben ir de la mano.


4. Subsidios estructurales y proactivos

El subsidio no puede ser un “parche de emergencia”.
Se requiere una matriz de protección social energética preventiva, con procesos de postulación simplificados, mayor cobertura y monitoreo en tiempo real de resultados.


🧠 Reflexión final

El error tarifario no fue simplemente una falla de cálculo.
Fue un síntoma de algo más profundo: una política energética que aún no ha terminado de entender que el centro del sistema debe ser la persona, no la cifra.

Chile tiene las condiciones para liderar la transición energética en Latinoamérica.
Pero esa transición no será justa, ni sostenible, ni legítima, si no va acompañada de equidad real, profesionalismo regulatorio y confianza pública sólida.

Es tiempo de rediseñar el modelo.
Y desde el Derecho, tenemos mucho que aportar.

Claudio Alarcón Arriagada

Gerente General

Felval S.A.