El debate sobre el soterramiento de redes eléctricas existe en Chile, impulsado por el desorden del cableado urbano, exigencias ambientales y un proyecto de ley significativo en tramitación.
Chile: permisividad hoy, obligación en ciernes
- Situación actual: No existe una obligación nacional general que imponga el soterramiento de líneas eléctricas. La Ley General de Servicios Eléctricos (DFL N° 4/2007, Ministerio de Economía) y el RPTD N°13/03 de la SEC regulan condiciones técnicas para tendidos subterráneos en distribución, sin imponer jerarquía frente a redes aéreas.
- Ordenanzas municipales: Algunas comunas han restringido tendidos aéreos en ciertas zonas urbanas conforme a su competencia en urbanismo), pero estas no pueden contradecir normas nacionales o derechos de concesión.
- Proyecto de ley: Ingresado el 1 de octubre de 2024, propone la obligatoriedad de soterrar cables eléctricos y de telecomunicaciones en todo el territorio. Las empresas (concesionarias y prestadoras) tendrían plazos de 4 años en zonas urbanas de alta densidad y 10 años en zonas rurales; también aplica a nuevos trazados.
Comparación internacional
- Alemania: El soterramiento es la regla general para nuevos trazados, con línea aérea solo en casos excepcionales —lo que incrementa costos pero mejora aceptación social—.
- Países Bajos: En baja y media tensión urbanas, el soterramiento es estándar consolidado.
- Reino Unido: Solo el ~17 % del cableado está subterráneo; la prioridad es estética y patrimonial, aplicándose en zonas protegidas.
Estrategia que sugiero para Chile:
- Articular criterios técnicos, urbanísticos y estéticos para definir cuándo soterrar.
- Establecer zonas prioritarias (públicas, histórico‑patrimoniales, turísticas) con implementación gradual.
- El proyecto ya impide el traspaso de costos al usuario —una salvaguardia relevante desde lo normativo.
- Aprender no solo de las leyes europeas, sino de su ejecución, planificación presupuestaria y financiamiento público‑privado.
Hoy, en Chile, el soterramiento es facultativo. Pero el proyecto en tramitación plantea una obligación clara, con plazos, sanciones y sin carga tarifaria al usuario. Esto representa un giro regulatorio potencialmente significativo, siempre que se implemente de forma técnica y financieramente viable.
Claudio Alarcón Arriagada
Abogado · Ingeniero · Auditor
Gerente General – FELVAL S.A.
www.felval.cl
Con 19 años de experiencia en Concesiones y Servidumbres Eléctricas, en FELVAL combinamos derecho, ingeniería y estrategia territorial para dar viabilidad jurídica a proyectos de infraestructura energética en todo Chile.