Las esquirlas del congelamiento de la tarifa eléctrica

(CHILE) Días intensos vivió el sector eléctrico para tratar de paliar el impacto financiero que generará el mecanismo que estabiliza la tarifa eléctrica hasta el año 2021, aprobado el miércoles en el Congreso. Directorios extraordinarios, reuniones con la autoridad y conversaciones con entidades bancarias marcaron la agenda de las grandes generadoras y también de las compañías renovables. Estas últimas, las más expuestas.

El mundo eléctrico vivió una semana de alta tensión. La inédita rapidez con la que se tramitó en el Congreso el mecanismo que busca estabilizar la tarifa eléctrica hasta diciembre del año 2021, tuvo sus consecuencias. Fueron 15 días de intenso trabajo, con reuniones entre los equipos técnicos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que lidera José Venegas, y los profesionales técnicos de las dos asociaciones que reúnen a las empresas generadoras.

En especial con Acera, gremio que agrupa a las empresas de energías renovables y que encabeza José Ignacio Escobar. Es que Acera no concordaba con la metodología que estaba impulsando el Ejecutivo para prorratear el saldo del fondo de estabilización, el que se cifró finalmente en US$ 1.350 millones, y que contemplaba que todas las generadoras contribuyeran de acuerdo a la porción de la energía que venden.

Esta fórmula, que fue la que finalmente quedó establecida en la normativa, perjudica a las empresas renovables debido a su alta exposición financiera y su alto nivel de apalancamiento, considerando que cerca del 80% de las inversiones que realizó este sector en los últimos años se concretó vía deuda. Hoy la gran mayoría de las compañías está en conversaciones con sus bancos, buscando alternativas para evitar que las inversiones futuras se vean afectadas.

La preocupación en Acera ya estaba en la mesa. Y por eso, la mañana del 25 de octubre, José Venegas fue convocado para explicar al directorio de la asociación renovable el detalle de la propuesta del gobierno. Luego, en la tarde, las empresas socias del gremio tuvieron una reunión en Guerrero y Olivos, la que tenía carácter de urgente, y donde se detallaría lo explicado por la CNE.

En la convocatoria, Acera indicaba que había “empatía” de parte de la asociación con la situación que está viviendo el país, “por lo que compartimos el propósito de reducir el impacto de las alzas de las cuentas de la luz”, pero también destacaba que las empresas renovables “no tienen responsabilidad alguna” en el incremento del 9,2% de la tarifa eléctrica, “todo lo contrario”, por ende, no debería recaer en ellas la responsabilidad de estabilizar el valor.

Toda esa jornada se resumió en un comunicado en el cual se indicó que habían podido efectuar un análisis mayor del mecanismo diseñado por el gobierno, “lo que nos permitió sugerir propuestas al Ministerio de Energía y la CNE que  creemos- han ayudado a mejorar la redacción del documento que fue ingresado al Congreso”, según el texto enviado en esa oportunidad.

Añadió que como asociación, “aspiramos a seguir participando activamente en este proceso de manera de asegurar que el proyecto final sea implementable sin problemas y que no vaya a constituir algún inconveniente a posteriori”.

Es que el gremio quería cambiar el esquema y hacer que las empresas responsables del incremento de la tarifa eléctrica asumieran el costo del mecanismo de estabilización. Y fue con esa posición que el director ejecutivo, Carlos Finat, llegó el lunes a la comisión de Minería y Energía del Senado, donde indicó que si bien compartían la necesidad de viabilizar la iniciativa, esto había que hacerlo “minimizando los riesgos”.

Pese a los esfuerzos, la postura de Acera no fue acogida, aunque el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, reiteró en todas sus intervenciones en Valparaíso, que el gobierno estaba abierto a escuchar sugerencias.

Ejecutivos de generadoras renovables reconocieron que esta discusión evidenció la tensión que existe al interior de Acera. De hecho, trascendió que en los próximos días habría cambio de directorio, con el fin de posicionar a Marta Alonso, gerente general de South American GES, como presidenta de la entidad.

Uno de los factores que impulsarían este cambio es generar un equilibrio con la fuerte personalidad de Carlos Finat, quien ha tenido roces con varios actores eléctricos, incluido el ministro de Energía. De hecho, las fuentes cuentan de una reunión donde Jobet le habría respondido de una manera no muy grata a Finat.

Al ser consultada, la asociación de energía renovable niega que haya divisiones internas y también que el actuar del director ejecutivo esté cuestionado. “La relación entre Carlos Finat y el ministro Jobet se ha mantenido de forma muy respetuosa y con amplia disponibilidad al diálogo por ambas partes, lo que se vio abiertamente en la Comisión de Minería y Energía del Senado esta semana”, aseguran.

Impacto financiero

Pero en las grandes generadoras también se vivieron semanas intensas. La Asociación de Generadoras, liderada por Claudio Seebach, tuvo directorios extraordinarios y reuniones adicionales con el Ejecutivo en estos últimos días.

Una de ellas fue el mismo 24 de octubre, día que el Presidente Sebastián Piñera firmó en La Moneda el proyecto de ley que tuvo una inédita discusión parlamentaria.

El gerente legal del gremio, Jaime Espinola, explica que ese día fueron contactados por la autoridad para explicar la fórmula que habían diseñado como mecanismo de estabilización. “En esa instancia tuvimos la oportunidad de efectuar sugerencias para su perfeccionamiento”, dice.

“Hemos seguido de cerca el avance de esta discusión, tanto por el directorio como por los equipos técnicos de las compañías”, explica un ejecutivo eléctrico. Añade que el tema pese a considerarlo necesario dado el estallido social que ha vivido el país en los últimos días, también los golpea financieramente. Esto, a pesar de que en este sector las empresas están respaldadas por grandes grupos económicos, nacionales o internacionales, que les permiten enfrentar los siete años que se demoraría la devolución total de los saldos financieros establecidos en los contratos eléctricos.

“El principal impacto es de tipo económico para las empresas, ya que serán las propias generadoras las que asumirán el costo de financiar el mecanismo de estabilización, lo que no deja de representar un riesgo relevante, especialmente en aquellas empresas que para desarrollar sus proyectos se encuentran más expuestas a deuda”, explica Espinola.

Al interior del gremio indican que la compañía más afectada es AES Gener, eléctrica que ya ha tenido que enfrentar una intensa negociación con los bancos para viabilizar la construcción de la central hidroeléctrica Alto Maipo.

En la firma son cautos e indican que apoyan la iniciativa del gobierno “de crear un mecanismo transitorio para evitar el alza de las cuentas de luz y estabilizar el precio de la energía para los próximos años, adelantando el beneficio de los contratos de energía más económicos que entrarán en vigencia entre el 2021 y 2024”.

Y añaden que “la situación país requiere de la contribución de todos. AES Gener contribuirá a la agenda social del gobierno por medio de este financiamiento”.

Dentro de los puntos que las generadoras pudieron poner en la mesa de discusión, estuvo que la medida tuviera un carácter transitorio. “Es decir, que el mecanismo operará hasta que ingresen los contratos que permiten una baja en el costo de la energía”, cuenta Espinola.

De hecho, la iniciativa contempla que si al año 2025 no se extinguen los saldos, se comenzará a devengar intereses. Además, las grandes generadoras lograron establecer un monto máximo del saldo (US$ 1.350 millones), “con lo que logra acotarse en parte el riesgo financiero que deberán asumir las empresas a su costo”, dice el asesor legal de la Asociación de Generadoras.

Larga discusión

Pero bajar la tarifa eléctrica no era algo nuevo para las empresas. Contener el incremento era una tarea que se estaba trabajando hace a lo menos unos dos meses, señalaron en la industria. En ese período, el ministerio que encabeza Juan Carlos Jobet realizó una ronda donde escuchó a todas las compañías, grandes y pequeñas, y ponderó las miradas.

“El gobierno comenzó a recoger varias visiones enfocadas a cómo se podía abordar el alza de la cuenta de la luz, luego del decreto que se firmó en mayo pasado y que contemplaba el incremento del 9,2% en la cuenta”, indicó un ejecutivo de una empresa generadora.

“Era una amenaza latente que (Juan Carlos) Jobet comenzó a trabajar desde que llegó al ministerio”, recalcó otro ejecutivo eléctrico. De hecho, inicialmente se había estado analizando aplicar el artículo 151 de la Ley Eléctrica, que subsidia la boleta si dentro de seis meses ocurre un incremento superior al 5% en las tarifas eléctricas. Pero se desechó por ser muy restrictivo en su aplicación -se enfoca en los clientes residenciales de escasos recursos- y además, porque no tuvo una buena evaluación cuando se aplicó el año 2008, lo que gatilló incluso la creación de una comisión investigadora.

LA TERCERA PULSO 

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