La sociedad argentina ante la democracia energética y la justicia climática

¿Qué soluciones globales podemos aportar desde la Argentina para evitar esta catástrofe de dimensiones planetarias?

La apuesta por la democracia energética

La séptima de las metas para el Desarrollo Sostenible propuestas por la ONU para el 2030 apunta a garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Justamente, el principal objetivo del acuerdo climático global de París consiste en evitar el incremento de las temperaturas globales a través del progresivo abandono de combustibles fósiles y una rápida transición hacia energías renovables. Sin embargo, nuestro país sigue promoviendo la explotación de yacimientos no convencionales como Vaca Muerta, donde la cuestión del agua —por la potencial contaminación como el abuso en su uso— y el temor a los potenciales sismos ya han traccionado movilizaciones en distintas provincias del país bajo el lema #NOalFracking.

A pesar de que durante la presidencia alemana del G20 en 2017 se puso el énfasis en la transición energética y se concluyó que los miembros del bloque debían tomar la posta del asunto, el comunicado posterior a la reunión de ministros de Energía del G20, el 15 de junio, en Bariloche, puso el foco en el gas como «energía de transición», seguido de la energía nuclear y un difuso compromiso para fomentar «la innovación» hacia transiciones energéticas —evidenciando que la agenda ambiental local está traccionada por la ambición de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las recomendaciones del Grupo de Trabajo Medioambiente, Clima y Energía del C20 no parecen haber tenido mucho eco, ya que al interior del G20 acordaron que promoverán y facilitarán la investigación y el desarrollo de tecnologías más limpias siempre y cuando sean «competitivas y viables en términos comerciales».

Los argumentos del establishment en torno al gas natural tratan de imponer un consenso global sobre la necesidad de su uso extensivo e intensivo a través de las siguientes relaciones estructurales de poder:

Se luchará contra el cambio climático si esto no interfiere en la acumulación de capital y se proyectarán infraestructuras de un combustible no renovable si son lucrativas para las grandes corporaciones. En respuesta a esto, la democracia energética propone que todo el mundo tenga acceso garantizado a fuentes adecuadas de energía que no debe ni contaminar el medio ambiente ni perjudicar a las personas, dejando los recursos de combustible fósil en el suelo, y que los medios de producción deben ser socializados y democratizados.

En 2017, los subsidios a los combustibles fósiles implicaron un 5,6% del presupuesto nacional y un 3,1% para el 2018, representando el 1,74% del PBI en el 2017 y el 1,26% para el 2018. Si se analizan las partidas presupuestarias del sector energético en el marco del presupuesto nacional para 2017, el 90% de las partidas identificadas al sector corresponden a subsidios para la generación de energía a través de carbón, petróleo, gas, grandes hidroeléctricas y nucleares. En contraste, las energías renovables en Argentina tienen un presente verde oscuro, ya que la euforia inicial por la era eólica y solar se topó con las dificultades del financiamiento, y conscientes de que no lograrían llegar a la primera etapa que imponía un 8% para diciembre de 2017 (ley 27191), las autoridades nacionales reorientaron el objetivo para 2018, sin abandonar la idea de alcanzar 20% de consumo renovable en 2025. Aunque el país tiene gran potencial, la participación de energías renovables en la matriz eléctrica nacional no alcanza el dos por ciento. En esta cifra mucho tiene que ver el porcentaje de obras adjudicadas en el Programa RenovAr que no solo están detenidas, sino incluso aún por comenzar. La infraestructura es el gran cuello de botella para el desarrollo de los proyectos, lo cual podría comprometer el objetivo de alcanzar el 25% renovable para 2020.

Paralelamente, el sistema de generación y distribución de energía eléctrica se encamina hacia un paradigma de redes descentralizadas a través de los ‘prosumidores‘ —usuarios capaces de generar energía eléctrica para su propio consumo, con la posibilidad de compartir el excedente producido con otros usuarios. La ley de Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Públicaincluye políticas de incentivos y subsidios para que los usuarios instalen equipamiento que permita producir electricidad. Proyecto Sur presentó un proyecto de ley que apunta a lograr una matriz eléctrica en 2050 100% renovable, con la noción de que si los subsidios a las energías fósiles pasaran a la generación distribuida, energías alternativas y renovables, es absolutamente posible que Argentina tenga esa matriz dentro de treinta años.

La acción ciudadana por una justicia climática

El objetivo de la justicia climática consiste en remediar la situación de los países que menos contribuyen al calentamiento global y a la vez son los principales afectados por sequías más largas, huracanes más intensos o un decrecimiento acelerado de la biodiversidad.

La ONU abrió el debate sobre el cambio climático a la sociedad civil a través de la presentación de propuestas en el portal del Diálogo de Talanoa, en torno a las siguientes preguntas sobre el estado actual de la acción climática: «¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo llegamos allí?». Las respuestas recibidas vía #Talanoa4Ambition serán una base para el diálogo ministerial que tendrá lugar en la conferencia sobre cambio climático de este año (COP24) que se celebrará en del 3 al 14 de diciembre en Katowice, Polonia. El desgarrador testimonio del niño de Fiji en la pasada cumbre de Bonn forma parte de este esquema.

Basta de excusas: pasemos a la #AcciónClimática

La transición energética no es solo una parte de de la solución al cambio climático, también es una herramienta fundamental para alcanzar esquemas de crecimiento alternativo basados en esquemas de economías circulares que conduzcan a sociedades climáticamente neutrales. Debemos cuestionar el discurso nacional de supuesta «modernización ecológica» que intenta cubrir el proceso de «trumpización» de la política ambiental argentina y pretende convertirnos en un país verde pero de plástico.

¿Seremos capaces de articular una YPF del siglo XXI, como fue la empresa nacional de hace cien años que desarrolló gran parte del país, incluyendo a la Patagonia y el norte argentino? Justamente en esas zonas, las más favorecidas con los vientos y la exposición solar, es donde más se necesita un sólido Programa de Reconversión Industrial de los combustibles fósiles a las energías alternativas. Para eso, las metas que deben cumplirse son: de un 15% para el año 2020, de un 30% para el año 2030 y de un 65% para el año 2040. Y así, prohibiendo para el año 2050 en todo el territorio nacional la utilización de energías no renovables.

Descarbonizar a la sociedad, esa es la consigna, y la #AcciónClimática, el camino para que el Gobierno y el mundo entero escuche nuestra voz.